13 de abril de 2023
Envíaron a juicio oral la causa por el incendio del depósito de Iron Mountain
En la causa hay un expediente en el que figuran 18 imputados, entre los que están directivos de la empresa, un empleado de seguridad y exfuncionarios de la Dirección General de Fiscalización y Control del gobierno porteño.
La jueza Fabiana Palmaghini envió este miércoles a juicio oral y público la causa en la que se investigan el incendio ocurrido en 2014 en el depósito de la empresa Iron Mountain, ubicado en el barrio porteño de Barracas, en el que murieron ocho bomberos y dos miembros de la Dirección de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, informaron fuentes judiciales.
Se trata de un expediente en el que hay 18 imputados entre los que figuran directivos de la empresa y exfuncionarios de la Dirección General de Fiscalización y Control del gobierno porteño de Mauricio Macri, como así también un empleado de seguridad de Iron Mountain que estaba en funciones cuando se inició el incendio.
“Tanto las partes querellantes como la señora fiscal de la causa han requerido la elevación a juicio de estas actuaciones, no existiendo fundamento alguno para precluir el proceso a instancias anteriores, debiendo continuarse hacia la siguiente instancia”, sostuvo la jueza en la resolución de más de 174 páginas.
El hecho ocurrió en la mañana del 5 de febrero de 2014, cuando la propagación de un incendio desatado en el depósito que la firma Iron Mountain tenía en Azara 1245, provocó que la estructura metálica (columnas y cabriadas) que sostenía el techo comenzara a ceder por las altas temperaturas y derrumbara la pared de la calle Jovellanos.
Como consecuencia de esto, fallecieron el comisario inspector Leonardo Day, la subinspectora Anahí Garnica, los cabos Carlos Veliz, Eduardo Adrián Conesa y Maximiliano Martínez, el agente Juan Matías Monticelli (del Cuartel I de Bomberos de la Policía Federal), los bomberos voluntarios Sebastián Ezequiel Campos y Facundo Ricardo Ambrosi (cuartel Vuelta de Rocha) y los rescatistas de Defensa Civil, Pedro Esteban Barícola y José Méndez Araujo. “De los informes médicos realizados a las víctimas se constató que las lesiones que registraron fueron consecuencia directa de la caída de dicho muro, porque resultaron contemporáneas y compatibles con el evento en cuestión”, agregó.
“Los informes médicos del caso han permitido establecer que los decesos de las víctimas fatales fueron consecuencia de politraumatismos, hemorragias internas y externas ocasionadas por los golpes o choques recibidos con o contra superficies contundentes o por aplastamientos y que el antecedente fáctico a las lesiones que sus cuerpos registraban tiene su génesis en el foco ígneo”, reseñó la magistrada.
También detalló que cada una de las víctimas asumió un rol diferente en el intento de apagar aquel incendio: “de acuerdo a su función específica, cada uno de los damnificados intervino con el objeto de sofocarlo y evitar la propagación en perjuicio de otras victimas y bienes”.
La investigación judicial tuvo distintas instancias y en diciembre de 2022 la Cámara del Crimen confirmó el procesamiento de los 18 acusados.
Allí se estableció, y en base a la investigación judicial, que "hubo falencias gubernamentales en el control del funcionamiento del depósito de la empresa. Y también que nunca se pudo determinar si el inicio del incendio fue intencional o un accidente".
Los peritajes señalaron como causa inmediata del derrumbe de la pared hacia el exterior al colapso de la estructura metálica del depósito -cabriadas y columnas-, como consecuencia del fuego.
"Aún cuando no lograron los expertos determinar fehacientemente si el inicio del fuego obedeció a un caso fortuito o a una actuación personal, intencional o negligente, (...) la prueba reunida condujo a formular reproches por la contribución culposa a los riesgos generados por el incendio y su fatal desenlace", dijo en diciembre de 2022 el juez de la Cámara del Crimen Ignacio Rodríguez Varela.
Se trata de un expediente en el que hay 18 imputados entre los que figuran directivos de la empresa y exfuncionarios de la Dirección General de Fiscalización y Control del gobierno porteño de Mauricio Macri, como así también un empleado de seguridad de Iron Mountain que estaba en funciones cuando se inició el incendio.
“Tanto las partes querellantes como la señora fiscal de la causa han requerido la elevación a juicio de estas actuaciones, no existiendo fundamento alguno para precluir el proceso a instancias anteriores, debiendo continuarse hacia la siguiente instancia”, sostuvo la jueza en la resolución de más de 174 páginas.
El hecho ocurrió en la mañana del 5 de febrero de 2014, cuando la propagación de un incendio desatado en el depósito que la firma Iron Mountain tenía en Azara 1245, provocó que la estructura metálica (columnas y cabriadas) que sostenía el techo comenzara a ceder por las altas temperaturas y derrumbara la pared de la calle Jovellanos.
Como consecuencia de esto, fallecieron el comisario inspector Leonardo Day, la subinspectora Anahí Garnica, los cabos Carlos Veliz, Eduardo Adrián Conesa y Maximiliano Martínez, el agente Juan Matías Monticelli (del Cuartel I de Bomberos de la Policía Federal), los bomberos voluntarios Sebastián Ezequiel Campos y Facundo Ricardo Ambrosi (cuartel Vuelta de Rocha) y los rescatistas de Defensa Civil, Pedro Esteban Barícola y José Méndez Araujo. “De los informes médicos realizados a las víctimas se constató que las lesiones que registraron fueron consecuencia directa de la caída de dicho muro, porque resultaron contemporáneas y compatibles con el evento en cuestión”, agregó.
“Los informes médicos del caso han permitido establecer que los decesos de las víctimas fatales fueron consecuencia de politraumatismos, hemorragias internas y externas ocasionadas por los golpes o choques recibidos con o contra superficies contundentes o por aplastamientos y que el antecedente fáctico a las lesiones que sus cuerpos registraban tiene su génesis en el foco ígneo”, reseñó la magistrada.
También detalló que cada una de las víctimas asumió un rol diferente en el intento de apagar aquel incendio: “de acuerdo a su función específica, cada uno de los damnificados intervino con el objeto de sofocarlo y evitar la propagación en perjuicio de otras victimas y bienes”.
Los imputados
En su resolución la jueza declaró inadmisible el pedido de prescripción de la acción penal formulado por la defensa del imputado Oscar Alfredo Godoy, "al no haber ofrecido prueba alguna que justifique los hechos en que se basa esta nueva petición que ya fuera resuelta por este Tribunal el pasado 26 de septiembre de 2022". También decidió someter a juicio a Godoy y a Eduardo Sueyras Parra, Guillermo Lockhart, Héctor Eduardo García, Christan Walter Castiñeiras, Feliz Raimundo Lugo, Jorge Néstor Papanicolau, Ricardo Edmundo Grunfeld, Alberto Daniel Graziani, Luis Alberto Cogo, Roberto José Chiesa, Silvia Míriam Hers, Gastón Luis Laugle, Patricia Esther Moroni, Rafael Mario Roldan, Pedro Luis Chapar y/o Pierre Chapar, Vanesa Ileana Berkowski y Norberto Ventura Sosa.La investigación judicial tuvo distintas instancias y en diciembre de 2022 la Cámara del Crimen confirmó el procesamiento de los 18 acusados.
Allí se estableció, y en base a la investigación judicial, que "hubo falencias gubernamentales en el control del funcionamiento del depósito de la empresa. Y también que nunca se pudo determinar si el inicio del incendio fue intencional o un accidente".
Los peritajes señalaron como causa inmediata del derrumbe de la pared hacia el exterior al colapso de la estructura metálica del depósito -cabriadas y columnas-, como consecuencia del fuego.
"Aún cuando no lograron los expertos determinar fehacientemente si el inicio del fuego obedeció a un caso fortuito o a una actuación personal, intencional o negligente, (...) la prueba reunida condujo a formular reproches por la contribución culposa a los riesgos generados por el incendio y su fatal desenlace", dijo en diciembre de 2022 el juez de la Cámara del Crimen Ignacio Rodríguez Varela.
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