El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindará este miércoles desde las 10.30 el informe de gestión en la Cámara de Diputados. Si bien el ministro coordinador está obligado constitucionalmente a exponer todos los meses sobre la marcha del gobierno, su presentación tendrá especial impacto político ya que el propio presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei, el resto de los integrantes del Gabinete y los senadores libertarios también estarán presentes como muestra de apoyo frente a las denuncias por enriquecimiento ilícito.

Según adelantaron fuentes oficiales, la presentación inicial de Adorni se extenderá por aproximadamente una hora. Luego cada bloque tendrá un tiempo determinado para hacer preguntas al funcionario en relación al tamaño del bloque; el peronismo hablará al final. En total los opositores tendrán 4 horas para plantear sus dudas.

El jefe de Gabinete utilizará su discurso para destacar los "logros económicos del gobierno de Milei, como la estabilidad macroeconómica, la baja de la inflación y el superávit, así como también las reformas estructurales ya realizadas y las que aún quedan pendientes".

La oposición presentó por escrito más de 4.800 preguntas y desde el Poder Ejecutivo contestaron formalmente por escrito 2.100. Según explicaron, el 20% giró en torno a temas económicos (deuda, FMI, reservas, dólar), 16% sobre la actividad económica (producción, industria, pymes, consumo), 15% el área de salud (medicamentos, hospitales, prestaciones), 13% sobre seguridad, 13% sobre energía y subsidios, 12% sobre políticas sociales, 12% sobre la Justicia, 9% sobre la Seguridad Social, 8% sobre Defensa, 6% sobre educación y apenas 5% sobre temas personales y judiciales, como la causa $LIBRA, los viajes privados de Adorni y las denuncias vinculadas a sus propiedades.

Por su parte, los bloques de la oposición intentaron coordinar una estrategia para poner al jefe de Gabinete contra las cuerdas y evitar que utilice cualquier excusa para irse del recinto. Destacan que será fundamental mantener el tono institucional y no caer en provocaciones para dejar que Adorni "quede en evidencia" con sus propias respuestas. Su inquietud se basa en una reciente experiencia con Guillermo Francos: el año pasado el ex funcionario aprovechó que una senadora peronista lo llamó mentiroso para retirarse enojado sin contestar preguntas.

Los bloques más grandes, especialmente el peronismo, temen que algunos integrantes de los bloques más pequeños rompan el acuerdo y "le hagan el juego" al oficialismo con algún exabrupto que justifique el final anticipado de la sesión. Según su visión, Adorni no podrá explicar su aumento patrimonial y anticipan que la única estrategia posible de los libertarios será "embarrar la cancha".

Pero los opositores no son los únicos preocupados, ya que los propios diputados libertarios son conscientes de que en una sesión de varias horas apenas una frase desafortunada puede ser suficiente para desencadenar una polémica o agravar una crisis política. Especialmente si el presidente Milei y la plana mayor del Gobierno están en el recinto para respaldarlo.

La investigación patrimonial contra Manuel Adorni se centra en un presunto enriquecimiento ilícito y un incremento patrimonial que, según la denuncia, superaría el 500% en un solo período fiscal. La causa, impulsada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, apunta a esclarecer el origen de fondos utilizados para la adquisición de propiedades y el financiamiento de viajes al exterior. Entre los puntos bajo análisis figuran la compra de un departamento en el barrio de Caballito y una vivienda en el country Indio Cuá, ambas operaciones realizadas con pagos en dólares y a través de hipotecas con particulares, cuyas condiciones y trazabilidad están bajo escrutinio judicial. Adorni también habría realizado gastos elevados en efectivo y tarjetas de crédito, que no se condicen con su salario declarado en la función pública.

La Justicia dispuso una serie de medidas de prueba, entre ellas el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa, y la citación de quienes figuran como acreedoras de hipotecas sobre sus propiedades, para verificar la existencia y respaldo de los préstamos involucrados. El juez federal Ariel Lijo y la fiscalía buscan determinar si los movimientos económicos y patrimoniales del funcionario pueden justificarse con sus ingresos y si existen bienes no declarados. Los viajes familiares a destinos como Aruba y Punta del Este también forman parte de la investigación, debido a los montos involucrados y la modalidad de pago en efectivo.